PRONUNCIAMIENTO
Con este pronunciamiento queremos intervenir en el debate generado en torno al proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se trata claramente de una primera intervención política en el entendimiento de que no es posible –como plantean algunos de quienes apoyan esta iniciativa del Gobierno- separar el instrumento legal de las posiciones políticas que están en juego. En otras palabras, creemos que debemos manifestarnos en relación con la política del Gobierno, una de cuyas expresiones es este proyecto de ley de comunicación.
Periodistas, trabajadores de medios comunitarios y alternativos, docentes e investigadores, telefónicos, cineastas, actores, gráficos, militantes sociales, gremiales y políticos, estudiantes y graduados de carreras de comunicación y periodismo de todo el país nos pronunciamos por un sistema de medios de los trabajadores y el pueblo.
El gobierno que no asegura los derechos al trabajo, al salario, a la vivienda, a la educación y a la salud para los trabajadores y el pueblo ¿va a garantizar el derecho “a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión"?
¿El gobierno que no puede garantizar el derecho al agua potable?
¿El mismo gobierno que no para los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales, la precarización laboral, el trabajo esclavo de los chicos de Mendoza o de las mujeres y hombres en los talleres “clandestinos” que trabajan para las grandes marcas de la industria de la indumentaria?
El gobierno que cuida los negocios de las grandes corporaciones como Monsanto, Cargill y Aceitera General Deheza, las automotrices IVECO y VW, Telefónica y Telecom ¿es el que va a derrotar a los monopolios de la comunicación?
¿Al grupo Clarín, con el que canjeaba ayer nomás las tapas a cambio de la extensión de su licencia y la fusión de Multicanal y Cablevisión, lo va a combatir con el grupo Telefónica?
El gobierno que manipula las cifras del Indek y patotea a sus trabajadores, el que oculta el destino de los fondos de Santa Cruz, el del caso Skanska y los grandes negociados del cajero Julio de Vido, el que hasta miente sobre la cantidad de los casos del dengue en todo el país
¿va a defender la transparencia informativa? ¿Va a combatir la manipulación de los grupos multimedia?
El gobierno que comparte sus negocios privados con Cristóbal López, la familia Werthein, Ezquenazi, los grupos de Rocca y Mindlin ¿va a proponer otra cosa más que repartir frecuencias entre sus amigos “nacionales y populares”?
El que pacta con los “barones” del conurbano para evitar su propia desintegración política ¿va a promover radios y canales municipales que enfrenten a Raúl Otacehé, Hugo Curto, Mario Ishi, Julio Pereyra?
El Gobierno que fue impotente frente a la patronal sojera llevando como único programa una medida impositiva y como único método el tratamiento parlamentario, ¿es el que va a llevar adelante una batalla a fondo contra los monopolios nacionales e internacionales de la información y la comunicación?
El Gobierno que promovió una nueva ley para profundizar la mercantilización de la educación con el mismo libreto del Banco Mundial que enfrentamos desde hace décadas, ¿tiene alguna intención de transformar la comunicación en un derecho?
El Gobierno que veta la ley de glaciares para que la multinacional Barrick Gold siga
saqueando las riquezas del suelo, ¿se propone defender la cuota de pantalla para desarrollar una industria nacional en televisión?
¿El que, a pesar de contar con una ley de bosques, no detiene el desmonte ni el brutal desalojo de los campesinos criollos y de los pueblos originarios?
El Gobierno que, más de treinta años después, publicita su política de derechos humanos por haber condenado a un puñado de ancianos genocidas mientras 5000 siguen libres y mientras los aparatos represivos policiales se mantienen intactos ¿dice que es intolerable la existencia de una ley de la dictadura?
¿Es de la dictadura una ley de radiodifusión que, de manera cómplice, no sólo sostuvieron sino que profundizaron en sus aspectos más privatizadores los gobiernos de Alfonsín, Menem, De La Rúa, Duhalde y los Kirchner?
El Gobierno que compra, coopta y regimenta las organizaciones sociales ¿va a promover medios comunitarios o alternativos independientes del Estado?
¿El mismo que intenta impedir con patotas el desarrollo de comisiones internas y cuerpos de delegados para recuperar la voz y los lugares de trabajo frente a la patronal y la burocracia?
Moyano y Yaski piden un canal de televisión. ¿Les van a dar un programa a los trabajadores del subte, a los sutebas combativos, a quienes a diario ocupan fábricas frente al vaciamiento patronal, a los ocupados y desocupados a quienes también a diario desalojan de sus casas en todo el país?
Y a los miles de luchadores de organizaciones sociales que procesan judicializando la protesta, ¿les van a otorgar una señal?
¿No es este el Gobierno que mira para otro lado cuando el grupo Clarín echa a los
trabajadores gráficos por reclamar mejoras salariales, tolera las condiciones de
hiperexplotación de los telefónicos –que se profundizarán con el triple play-, que se maneja como un grupo empresario a la hora de atropellar los reclamos de los trabajadores de Telam?
El Gobierno que ahoga presupuestariamente el sistema universitario ¿va a financiar medios radiofónicos y televisivos para las universidades nacionales? que se alía con la camarilla radical en las universidades para impedir la democratización, para contrabandear convenios con las multinacionales y la CONEAU, para levantar vallas e impedir los reclamos de los sectores estudiantiles, docentes y no docentes combativos, ¿va a permitir que circulen todas las voces en los medios universitarios?
Y ni qué hablar del “peronismo disidente”, el radicalismo, la coalición cívica y el macrismo, que apoyan a la Sociedad Rural y a los oligopolios mediáticos. ¿Ellos van a defender la libertad de expresión?
Quienes ahora nos dicen que esta ley es “la madre de todas las batallas”, son los padres de todas las derrotas.
Vamos por una comunicación de los trabajadores y del pueblo sobre nuevas bases sociales.
Primeras firmas
Carlos Mangone (docente de Cs. Comunicación, UBA)
Claudia Alaniz (productora Integral de Radio, Eter, y trabajadora telefónica Telecom SA)
Christian Kishimoto (trabajador telefónico Telecom SA y estudiante de Cs. De la Comunicación Social UBA)
Cristian Henkel (consejero estudiantil - Ciencias de la Comunicación)
Damián Campanelli (trabajador telefónico Telecom SA y estudiante de Cs. Políticas UBA)
Daniel Salerno (docente de Cs. Comunicación, UBA)
Diego Carrazán (periodista)
Diego Toscano (docente de Comunicación, Universidad Nacional de Tucumán)
Dionisio Cardozo (docente de Imagen y sonido, UBA, realizador audiovisual, fotógrafo)
Edgardo Imás (Comisión Interna Crítica)
Emilce Díaz (productora audiovisual)
Fabián Cristóbal (realizador cinematográfico)
Fabiola Ferro (docente de Cs. Comunicación y Filosofía y letras, UBA)
Flavio Pereyra (Agrupación Clasista de Telefónica y trabajador telefónico de Telefónica SA)
Hernán Martín (documentalista)
Javier Palma (docente de Cs. Comunicación, UBA)
Julian Morcillo (FELCO)
Leo Villafañe (Comisión Interna El Cronista)
Lorena Billone (trabajadora telefónica , Telecom SA)
M. Celeste Justo (trabajadora telefónica Telecom SA y estudiante Cs de la Comunicación UBA)
María Bruni (docente de Cs. Comunicación, UBA, y delegada telefónica en Telecom SA)
María Nidia Robledo (trabajadora telefónica Telecom SA y estudiante de Cs. De la
Comunicación Social UBA)
Marina Boero (trabajadora telefónica Telecom SA y Lic. en Psicología UBA)
Mauro Vázquez (docente de Comunicación, UBA)
Maximiliano Duquelsky (docente de Cs. Comunicación, UBA)
Melina Santamaría (trabajadora Personal SA, y Lic. en Comunicación Social UBA)
Nancy Acosta (Comisión Interna Crónica)
Nelsa Marinelli (Comisión Interna BAE)
Norma Jiménez (Comisión Interna Diario Popular)
Pablo Mauas (docente e investigador CONICET-UBA)
Paula Ferreyra (trabajadora telefónica Telecom SA, Lic. en Comunicación Social UBA)
Raúl Mileo (Comisión Interna Perfil)
Rubén Schofrin (Comisión Interna Perfil)
Santiago Gándara (docente de Cs. Comunicación, UBA)
V. Soledad Mendoza (trabajadora telefónica Telecom SA)
Yamila Heram (docente de Cs. Comunicación, UBA)
Con este pronunciamiento queremos intervenir en el debate generado en torno al proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se trata claramente de una primera intervención política en el entendimiento de que no es posible –como plantean algunos de quienes apoyan esta iniciativa del Gobierno- separar el instrumento legal de las posiciones políticas que están en juego. En otras palabras, creemos que debemos manifestarnos en relación con la política del Gobierno, una de cuyas expresiones es este proyecto de ley de comunicación.
Periodistas, trabajadores de medios comunitarios y alternativos, docentes e investigadores, telefónicos, cineastas, actores, gráficos, militantes sociales, gremiales y políticos, estudiantes y graduados de carreras de comunicación y periodismo de todo el país nos pronunciamos por un sistema de medios de los trabajadores y el pueblo.
El gobierno que no asegura los derechos al trabajo, al salario, a la vivienda, a la educación y a la salud para los trabajadores y el pueblo ¿va a garantizar el derecho “a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión"?
¿El gobierno que no puede garantizar el derecho al agua potable?
¿El mismo gobierno que no para los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales, la precarización laboral, el trabajo esclavo de los chicos de Mendoza o de las mujeres y hombres en los talleres “clandestinos” que trabajan para las grandes marcas de la industria de la indumentaria?
El gobierno que cuida los negocios de las grandes corporaciones como Monsanto, Cargill y Aceitera General Deheza, las automotrices IVECO y VW, Telefónica y Telecom ¿es el que va a derrotar a los monopolios de la comunicación?
¿Al grupo Clarín, con el que canjeaba ayer nomás las tapas a cambio de la extensión de su licencia y la fusión de Multicanal y Cablevisión, lo va a combatir con el grupo Telefónica?
El gobierno que manipula las cifras del Indek y patotea a sus trabajadores, el que oculta el destino de los fondos de Santa Cruz, el del caso Skanska y los grandes negociados del cajero Julio de Vido, el que hasta miente sobre la cantidad de los casos del dengue en todo el país
¿va a defender la transparencia informativa? ¿Va a combatir la manipulación de los grupos multimedia?
El gobierno que comparte sus negocios privados con Cristóbal López, la familia Werthein, Ezquenazi, los grupos de Rocca y Mindlin ¿va a proponer otra cosa más que repartir frecuencias entre sus amigos “nacionales y populares”?
El que pacta con los “barones” del conurbano para evitar su propia desintegración política ¿va a promover radios y canales municipales que enfrenten a Raúl Otacehé, Hugo Curto, Mario Ishi, Julio Pereyra?
El Gobierno que fue impotente frente a la patronal sojera llevando como único programa una medida impositiva y como único método el tratamiento parlamentario, ¿es el que va a llevar adelante una batalla a fondo contra los monopolios nacionales e internacionales de la información y la comunicación?
El Gobierno que promovió una nueva ley para profundizar la mercantilización de la educación con el mismo libreto del Banco Mundial que enfrentamos desde hace décadas, ¿tiene alguna intención de transformar la comunicación en un derecho?
El Gobierno que veta la ley de glaciares para que la multinacional Barrick Gold siga
saqueando las riquezas del suelo, ¿se propone defender la cuota de pantalla para desarrollar una industria nacional en televisión?
¿El que, a pesar de contar con una ley de bosques, no detiene el desmonte ni el brutal desalojo de los campesinos criollos y de los pueblos originarios?
El Gobierno que, más de treinta años después, publicita su política de derechos humanos por haber condenado a un puñado de ancianos genocidas mientras 5000 siguen libres y mientras los aparatos represivos policiales se mantienen intactos ¿dice que es intolerable la existencia de una ley de la dictadura?
¿Es de la dictadura una ley de radiodifusión que, de manera cómplice, no sólo sostuvieron sino que profundizaron en sus aspectos más privatizadores los gobiernos de Alfonsín, Menem, De La Rúa, Duhalde y los Kirchner?
El Gobierno que compra, coopta y regimenta las organizaciones sociales ¿va a promover medios comunitarios o alternativos independientes del Estado?
¿El mismo que intenta impedir con patotas el desarrollo de comisiones internas y cuerpos de delegados para recuperar la voz y los lugares de trabajo frente a la patronal y la burocracia?
Moyano y Yaski piden un canal de televisión. ¿Les van a dar un programa a los trabajadores del subte, a los sutebas combativos, a quienes a diario ocupan fábricas frente al vaciamiento patronal, a los ocupados y desocupados a quienes también a diario desalojan de sus casas en todo el país?
Y a los miles de luchadores de organizaciones sociales que procesan judicializando la protesta, ¿les van a otorgar una señal?
¿No es este el Gobierno que mira para otro lado cuando el grupo Clarín echa a los
trabajadores gráficos por reclamar mejoras salariales, tolera las condiciones de
hiperexplotación de los telefónicos –que se profundizarán con el triple play-, que se maneja como un grupo empresario a la hora de atropellar los reclamos de los trabajadores de Telam?
El Gobierno que ahoga presupuestariamente el sistema universitario ¿va a financiar medios radiofónicos y televisivos para las universidades nacionales? que se alía con la camarilla radical en las universidades para impedir la democratización, para contrabandear convenios con las multinacionales y la CONEAU, para levantar vallas e impedir los reclamos de los sectores estudiantiles, docentes y no docentes combativos, ¿va a permitir que circulen todas las voces en los medios universitarios?
Y ni qué hablar del “peronismo disidente”, el radicalismo, la coalición cívica y el macrismo, que apoyan a la Sociedad Rural y a los oligopolios mediáticos. ¿Ellos van a defender la libertad de expresión?
Quienes ahora nos dicen que esta ley es “la madre de todas las batallas”, son los padres de todas las derrotas.
Vamos por una comunicación de los trabajadores y del pueblo sobre nuevas bases sociales.
Primeras firmas
Carlos Mangone (docente de Cs. Comunicación, UBA)
Claudia Alaniz (productora Integral de Radio, Eter, y trabajadora telefónica Telecom SA)
Christian Kishimoto (trabajador telefónico Telecom SA y estudiante de Cs. De la Comunicación Social UBA)
Cristian Henkel (consejero estudiantil - Ciencias de la Comunicación)
Damián Campanelli (trabajador telefónico Telecom SA y estudiante de Cs. Políticas UBA)
Daniel Salerno (docente de Cs. Comunicación, UBA)
Diego Carrazán (periodista)
Diego Toscano (docente de Comunicación, Universidad Nacional de Tucumán)
Dionisio Cardozo (docente de Imagen y sonido, UBA, realizador audiovisual, fotógrafo)
Edgardo Imás (Comisión Interna Crítica)
Emilce Díaz (productora audiovisual)
Fabián Cristóbal (realizador cinematográfico)
Fabiola Ferro (docente de Cs. Comunicación y Filosofía y letras, UBA)
Flavio Pereyra (Agrupación Clasista de Telefónica y trabajador telefónico de Telefónica SA)
Hernán Martín (documentalista)
Javier Palma (docente de Cs. Comunicación, UBA)
Julian Morcillo (FELCO)
Leo Villafañe (Comisión Interna El Cronista)
Lorena Billone (trabajadora telefónica , Telecom SA)
M. Celeste Justo (trabajadora telefónica Telecom SA y estudiante Cs de la Comunicación UBA)
María Bruni (docente de Cs. Comunicación, UBA, y delegada telefónica en Telecom SA)
María Nidia Robledo (trabajadora telefónica Telecom SA y estudiante de Cs. De la
Comunicación Social UBA)
Marina Boero (trabajadora telefónica Telecom SA y Lic. en Psicología UBA)
Mauro Vázquez (docente de Comunicación, UBA)
Maximiliano Duquelsky (docente de Cs. Comunicación, UBA)
Melina Santamaría (trabajadora Personal SA, y Lic. en Comunicación Social UBA)
Nancy Acosta (Comisión Interna Crónica)
Nelsa Marinelli (Comisión Interna BAE)
Norma Jiménez (Comisión Interna Diario Popular)
Pablo Mauas (docente e investigador CONICET-UBA)
Paula Ferreyra (trabajadora telefónica Telecom SA, Lic. en Comunicación Social UBA)
Raúl Mileo (Comisión Interna Perfil)
Rubén Schofrin (Comisión Interna Perfil)
Santiago Gándara (docente de Cs. Comunicación, UBA)
V. Soledad Mendoza (trabajadora telefónica Telecom SA)
Yamila Heram (docente de Cs. Comunicación, UBA)
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